Soledad Bargna en 2009. Tatiana Kolodziey en 2012. Y Micaela Pérez, ahora, en 2017. Los tres casos tuvieron el mismo y anunciado desenlace: las víctimas fueron asesinadas por violadores con antecedentes que habían sido beneficiados por decisiones de distintos jueces. -  Por primera vez en 8 años, pareciera ser que la política quiere modificar la ley y evitar que los jueces se sigan equivocando. Cada error es una violación. Cada violación es una muerte.  - El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, pidió modificar las leyes penales vigentes para que en los casos de homicidios, secuestros seguidos de muerte y delitos sexuales las penas sean de cumplimiento efectivo. "No tiene que haber libertades condicionales; ni 35 años, ni 2/3, ni 2×1"

Ferrari adelantó que le pedirá a la Comisión que está trabajando bajo la órbita del Ministerio de Justicia Nacional para modificar el Código Penal que tome en cuenta estos antecedentes para terminar con la discrecionalidad que tienen los jueces.

"Esto no implica que haya que trabajar fuertemente sobre la reinserción social de quienes cometen delitos. Pero en estos delitos, de semejante gravedad, si a  una persona la condenan a 25 años debe cumplir 25 años", enfatizó.

El caso de Micaela Pérez fue todo lo contrario. La joven tenía 21 años y era fervorosa militante del "Ni Una Menos". Pero terminó de la peor manera, atacada por Sebastián Wagner, un hombre que había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones y liberado por buena conducta pese a que existía un informe penitenciario que desaconsejaba esa opción.

El juez que tomó esa decisión fue Carlos Alfredo Rossi, quien ahora quedó en la mira de los gobiernos local, provincial y nacional, quienes están impulsando su juicio político.