Desde que declaró Martín Lanatta, el 25 de agosto en los tribunales de Comodoro Py, comenzó a circular la versión de que había un video que había grabado el propio condenado por el Triple Crimen de General Rodriguez en el que un "emisario" de Aníbal Fernándezle ofrecía un arreglo para que se retracte de sus dichos. Lanatta había afirmado en el programa de Jorge Lanata que el jefe de Gabinete era el capo máximo del tráfico de efedrina en Argentina y lo apodaban "La Morsa".

Ahora, Perfil.com muestra en exclusiva en su sitio web la cámara oculta que se grabó en el sector llamado Sanidad del Penal de General Alvear, donde Martín Lanatta cumple condena. En el video se ve cómo el abogado Antonio Solivaret, exasesor de la municipalidad de Quilmes, negocia con Lanatta una gestión en la Justicia para que su hermano Cristian, Victor y Marcelo Schillaci -todos condenados por el Triple Crimen- tengan una mejora en la pena a cambio de su retractación. Con ella desvincularían a Aníbal Fernández del negocio de la efedrina. "Yo me retracto, lo dejo limpio y el tipo gana, porque todo eso le juega como imagen positiva", afirma Lanatta en la grabación, quien está a la izquierda de la pantalla, donde la cámara no lo toma.

En el video, grabado el 22 de agosto de este año, Solivaret hace hincapié en su influencia judicial y hasta se jacta con que será el nuevo procurador general de la provincia, en reemplazo de María del Carmen Falbo, en el caso de que Fernández gane las elecciones para gobernador bonaerense.

Al abogado lo acompaña una militante del PJ quilmeño identificada como Mirtha González, quien se presenta como conocida de Victor Schillaci, otro de los condenados por el Triple Crimen, quien aparece en el video de frente con sueter y cuello blanco.

En el programa de televisión Periodismo Para Todos, Lanatta había afirmado que se había reunido con Aníbal Fernández. De acuerdo con su declaración, Sebastián Forza, una de las víctimas del triple homicidio, le entregó 250.000 dólares al jefe de Gabinete para que la policía dejara de perseguirlo. El condenado ratificó todo ante la juez María Servini de Cubría.