Nadie, en su sano juicio, puede responsabilizar al presidente Mauricio Macri o a la gobernadora María Eugenia Vidal –que ayer cumplieron un mes en la función para la que fueron votados- por el grado de penetración que han alcanzado los intereses del narcotráfico dentro las fuerzas de seguridad, algo que quedó brutalmente expuesto con el verdadero papelón que se viene registrando con la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Y que llegó a su punto más alto el fin de semana cuando tanto la gobernadora como el presidente dieron por ciertas aquellas versiones que indicaban que habían caído los tres prófugos, cuando en realidad solamente había sido apresado –muchos dicen que, en realidad, se entregó o que lo entregaron quienes lo protegían- Martín Lanatta.

Ahora bien, lo que está demostrando esta crisis es que, lamentablemente, ni Macri ni Vidal tienen el control de lo que sucede en las fuerzas de seguridad y en los servicios de inteligencia, donde existen sectores que se mueven como auténticas organizaciones mafiosas, como si fuesen un estado dentro de otro estado. En ese contexto, cuesta entender por qué ni Macri ni Vidal aún no denunciaron en la Justicia, con nombre y apellido, quienes fueron los responsables de haberles vendido pescado podrido. Y esto no sólo ocurrió con la información falaz sobre la presunta captura de los prófugos, sino que es algo que se viene registrando desde el mismo momento en que a los hermanos Lanatta y a Víctor Schillaci se les abrieron las puertas del penal de máxima seguridad de General Alvear para que salieran caminado con un arma de juguete. 

Los primeros en estar en el banquillo de los acusados deberían ser: el ex jefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández, sindicado por sus presuntos vínculos con la mafia de la efedrina; el ex gobernador Daniel Scioli; el ex ministro de Justicia, Ricardo Casal; el ex subsecretario de Política Criminal,César Albarracín; la ex titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini; y las máximas autoridades de la cúpula de la Policía Bonaerense que cumplieron funciones hasta el 10 de diciembre.

Asimismo, dentro del Poder Judicial, el macrismo parece estar durmiendo con el enemigo. En la Provincia, el accionar de la Procuradora María del Carmen Falbo, ex abogada de La Morsa, que maneja a los dos fiscales que se encuentran a cargo de la investigación penal por la fuga y el tiroteo en Ranchos, genera cada vez más dudas que certezas, al punto que el último viernes fue denunciada penalmente. Y no sólo por este caso: Falbo también está en la mira por sostener políticamente al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, quien fue suspendido por la Suprema Corte bonaerense ante las denuncias que lo vinculan con la protección a bandas narcos. 

En la Justicia Federal, la situación también se torna complicada para el presidente ante el accionar del fiscal interviniente en la causa de la triple fuga,Jorge Di Lello. Se trata de un funcionario del Ministerio Público que conduce la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó (fue uno de los primeros organismos que el sábado informó, mediante un comunicado, que habían sido tres los apresados en Santa Fe), sospechado de haber tejido numerosos acuerdos con funcionarios acusados de corrupción durante la era K. Por ejemplo, estuvo a cargo, junto al inefable juez Norberto Oyarbide, de la causa por la malversación millonaria de fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a cargo de Hebe de Bonafini y que tenía al parricida Sergio Schoklender como uno de los principales procesados. Bonafini ni siquiera fue llamada a indagatoria y fue tan mamarrachesco el accionar del juez y del fiscal, que la Cámara Federal decidió anular todo lo actuado. Gracias a los favores realizados durante la era K, Matías Di Lello -el hijo de Jorge- actualmente es fiscal general de San Nicolás, siendo a su vez subrogante de una importante fiscalía federal de La Plata. 

Asimismo, resulta imposible que los hermanos Lanatta y Schillaci hayan hecho lo que hicieron sin la complicidad de sectores de la ex Side y de otros aparatos de inteligencia de fuerzas de seguridad como el que montó, en su momento, el ex jefe kirchnerista del Ejército, César Milani. Se trata de un ex militar experto en espionaje, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, quien fue pasado a retiro el año pasado, días antes del comienzo de la campaña electoral.  Cabe recordar que, cuando estuvo en funciones, Milani fue denunciado por haber invertido cifras millonarias de fondos reservados para comprar tecnología de punta para hacer pinchaduras de teléfonos, celulares, mails, mensajes de texto, whatsapp,etc. Según pudo saber Hoy, nadie sabe dónde fueron a parar los equipos que Milani compró en Europa. ¿Los estarán usando clandestinamente para seguir haciendo espionaje contra los adversarios del kirchnerismo?, ¿estarán extorsionando a Macri con carpetazos para que no vaya a fondo y evite tomar la decisión política de desterrar las mafias enquistadas en el Estado nacional y provincial?

Todo indica que, más temprano que tarde, Macri y Vidal deberán tomar una decisión: seguir manteniendo el silencio sobre los responsables de esta pesada herencia, con una provincia quebrada y un país a merced de los narcos; o tomar el toro por las astas y crear las condiciones para que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley. De lo que resuelvan dependerá gran parte del éxito o el fracaso de sus gobiernos.

FUENTE: DIARIO HOY