La política del gobierno tensa la cuerda con los empresarios del juego. Lotería Nacional sacó de servicio 17 máquinas tragamonedas, con 162 puestos de ruletas electrónicas, del Hipódromo de Palermo y el casino flotante. En su plan por controlar más las millonarias regalías del negocio de las apuestas, el organismo de inspección aseguró que estas ruletas electrónicas fueron apagadas porque no cumplían con las "normas internacionales" que certifican su correcto funcionamiento.                                                                            En el macrismo admiten que estos operativos van más allá de poner la lupa sobre el zar del juego, Cristóbal López: quieren evitar que el negocio crezca. Y por eso planean aumentar los cánones de concesión para limitar la expansión de los operadores y controlar las máquinas con dispositivos propios. Los que hoy existen, fueron aportados por los operadores; y emiten información que también es certificada por Lotería Nacional.                

El juego en la Ciudad de Bs As  se reparte entre unos pocos actores. El Hipódromo de Palermo es, desde 2002, cuando arribaron las máquinas tragamonedas, comandada por dos empresas unidas en una UTE: Hapsa, cuyo presidente es Federico Achával, (72,5% de la sociedad), y el restante pertenece a Casino Club, una firma donde López sería el propietario del 30%. Tienen la concesión desde 2007, firmada antes de que Néstor Kirchner dejara la presidencia, y hasta 2032. En el Casino flotante, en cambio, la firma Cirsa tendría el 50%; Hapsa el 25% y Casino Club el 25%. La concesión caduca en poco más de dos años.                                                       El Casino de Puerto Madero es propiedad de Cristóbal López

 Fuentes del Hipódromo y del Casino indicaron a LA NACION que los controles sobre las máquinas tragamonedas se ajustan a la normativa. De hecho, aseguraron "el Hipódromo de Palermo tiene 4500 máquinas y el casino flotante, 1570. Se quitaron de servicio 17 en total (162 puestos) porque el fabricante no cumplió con una de las certificaciones internacionales, pero esto no influye en la veracidad de las apuestas. Y por eso, para colaborar, pedimos autorización para quitarlas".

Lotería Nacional también puso el ojo sobre los bingos porteños: más allá del fallo pendiente de la Justicia, están a punto de cerrar sus puertas. En los balances son inviables. Los contratos de concesión de los operadores vencieron en diciembre de 2014 y hasta hoy continuaron funcionando por una medida cautelar que impedía cerrar las salas. Pero el presidente dio el consentimiento para que dejen de funcionar. Y por eso Lotería Nacional le reclama a los operadores de los bingos una deuda de 260 millones de pesos por retención de recursos que se debían destinar al área de Desarrollo Social. También iniciaron una "querella criminal" contra los operadores por defraudación al fisco.

Está claro: la nueva cúpula macrista hace todos los esfuerzos para demostrar un cambio de rumbo y de gestión sobre los intereses del juego. "Queremos ser la AFIP del rubro", dijo Tomás Elizalde, el nuevo director de Lotería Nacional. La guerra por un negocio que dejaría unos 20 millones de pesos por día de facturación, ya fue declarada

Fuente: La Nación