Si Aníbal Fernández llegara a la gobernación bonaerense, se habrá dado un paso decisivo para conformar un Estado dominado por el negocio de la droga.

Quien asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre deberá enfrentar una opción crucial para la vida de los argentinos y la ya deteriorada salud de la República: luchar con decisión contra el narcotráfico, revirtiendo el gravísimo retroceso producido en los últimos años, o bien continuar la lenta pero constante entrega del país a los cárteles y bandas de la droga hasta que éstos terminen por conformar el narcoestado cuyos cimientos ya se han tendido y lucen cada vez más sólidos.

No se trata sólo de una decisión acerca de qué política adoptar para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado, sino de resolver si la Argentina permitirá o no que continúe la constante captación de agentes y funcionarios de los tres poderes hasta que un día cobremos plena conciencia de que el régimen republicano y la democracia se han convertido en meras fachadas al servicio de los zares de la droga.

El fortísimo crecimiento de este flagelo comenzó a fines de los años 80, se afianzó en los 90 y alcanzó dimensiones de pesadilla a partir de 2000. Como hemos subrayado en esta columna, el principal responsable ha sido el kirchnerismo, que ignoró y luego quiso minimizar esta lacerante realidad en vez de combatirla.

Su pasividad se volvió cómplice del narcotráfico, una actividad delictiva que trae aparejada una constelación de delitos de suma gravedad, como el lavado de dinero, la compra de funcionarios y los asesinatos en las pugnas entre bandas por dominar territorios para la venta de droga, como lo han sufrido y aún lo sufren Rosario, muchas otras grandes ciudades y vastas áreas del conurbano bonaerense.

Se vio también que un ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, se encuentra procesado por no haber controlado las inusitadas y totalmente desproporcionadas importaciones de efedrina destinadas al contrabando. Y que otro ex titular del mismo organismo, el sacerdote Juan Carlos Molina, sostuvo que estaría dispuesto a habilitar "el consumo de todo", al propiciar un proyecto para la "no criminalización" del consumo de drogas.

En esta triste nómina sobresale de manera notoria el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, candidato por el oficialismo a gobernador bonaerense. Se trata de un firme impulsor de la despenalización de la tenencia y consumo de drogas. A Fernández, quien también ha negado el avance del narcotráfico, lo persigue el fantasma de su eventual relación con la droga, que él siempre ha negado.

Últimamente, Martín Lanatta, hombre de confianza suyo que cumple condena por el triple crimen, expresó que el jefe de Gabinete no fue ajeno al hecho ni al caso de la efedrina. Antes, investigadores del triple asesinato -ocurrido en Quilmes aunque los cuerpos aparecieron en General Rodríguez- habían asegurado que las operaciones no podrían haberse desarrollado sin la connivencia de lo más alto del Poder Ejecutivo. Para Elisa Carrió, la primera figura política en plantear la disyuntiva entre República y narcoestado, "la disputa del negocio (de la droga) fue entre Aníbal Fernández, alguno de los hermanos Zacarías y probablemente el ex presidente Néstor Kirchner".

Fernández, quien primero se manifestó a favor y luego en contra del derribo de aviones que no se identifiquen, cuestionó severamente la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, de crear un ministerio de lucha contra el narcotráfico. Su caso más paradigmático de acción pública respecto del fenómeno del narcotráfico quedó en evidencia cuando se discutió el proyecto de ley sobre precursores químicos elaborado por una senadora de su mismo partido, Sonia Escudero. Esta iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado, fue bloqueada en Diputados por una intervención directa y personal de Fernández, quien entonces era ministro de Justicia y Seguridad.

En un testimonio en Diputados en 2008, Granero, en aquel momento titular de la Sedronar, afirmó que Fernández "remitió un escrito a los legisladores para que el proyecto de ley continúe en el letargo y no sea sancionado". Para dar batalla al avance legislativo, Fernández conformó la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción, que elaboró un nuevo proyecto de ley de estupefacientes que el propio Granero calificó de "un garantismo para defender delincuentes y narcotraficantes" y que, afortunadamente, naufragó en el Congreso. En declaraciones al diario El Tribuno de Salta, Granero afirmó: "Escuché personalmente a Fernández mentirle a la Presidenta (al decir) que en la Argentina no había muertes por sobredosis".

Las afirmaciones de Fernández sobre la Argentina como mero país de tránsito de la droga, y no de elaboración, chocan con las abrumadoras evidencias mostradas por organismos y organizaciones nacionales e internacionales. El informe de la Auditoría General de la Nación titulado "El Control de Aduanas y de Fronteras" indica que en una década se descubrieron 159 laboratorios de cocaína, pasta base y drogas sintéticas. Estos datos van en línea con informes de las Naciones Unidas y con el avance del paco, que es un subproducto de la pasta base de cocaína. Hace mucho que la Argentina dejó de ser un país de mero tránsito. Aquí también se fabrican y se consumen drogas.

Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina determinó, a partir de una encuesta, que sólo en los últimos cuatro años creció un 50 por ciento la proporción de personas que perciben que se vende droga en su barrio. Del 30 por ciento en 2010, ese porcentaje creció al 45 por ciento en 2014. Pese a eso, el kirchnerismo se empeña en negar la realidad.

Esta actitud negacionista y la destrucción de los mecanismos que recolectan sistemáticamente información estadística sobre el avance de este fenómeno tienen un denominador común: Aníbal Fernández.

La pasividad e indiferencia del gobierno nacional ante la droga ha sido palmaria. Si Fernández llegara a constituirse en gobernador de la principal provincia de nuestro país, se habría dado un paso decisivo para la conformación de un narcoestado.

Fuente: La Nación