El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ordenó una revisión para determinar cuántas de las líneas móviles corresponden a actuales funcionarios.-  El ministro Ibarra había informado que durante el gobierno de Cristina se pagaban, desde distintos organismos estatales, 46 mil líneas de celulares. Entre 2013 y 2015, junto con 14 mil fijas, generaron una deuda de 400 millones de pesos.

Semanas atrás, tras anunciar que presentaría un Plan de Modernización del Estado, Ibarra se había referido a la existencia de este descontrol. Es que aún resta determinar cuál es el total de los dispositivos que pertenecen al Estado, quiénes son sus actuales usuarios de esas líneas, cuántas de ellas fueron devueltos el último día de la gestión del gobierno anterior y cuántas quedaron en manos de ex funcionarios.

En este sentido, Ibarra informó en conferencia de prensa que se exigiría a cada uno de los ministerios que indiquen, antes de fin de mes, a quién corresponden las líneas asignadas actualmente. En caso de que alguno de esos números no corresponda a ningún funcionario o no se justifique el uso, la línea en cuestión tendrá un período de gracia de quince días solo para llamadas entrantes, y luego de eso se darán de baja. Tras el análisis, y en base a las supuestas irregularidades, los funcionarios no descartan aportar material para una eventual judicialización del tema.

Il morto qi parla

Según se sabe, unas 4 mil del total de líneas móviles contratadas pertenecen al área de ferrocarriles, dentro del Ministerio del Interior y Transporte. Lo más sorprendente: 1.300 de esos usuarios son personas fallecidas. 

Asimismo, en el marco de esta auditoría se evaluarían los montos de consumo, que en algunos sectores rondan una cifra fuera de lo común. Es el caso de 200 líneas, contratadas en la ANSES, el PAMI, la empresa estatal AySA y el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo costo mensual va desde 100 mil al millón de pesos.

Fuente:  diario Hoy